Elecciones 2013: los signos ominosos

Natanael Rivera era el más importante funcionario del órgano encargado de garantizar que sea la voluntad popular la que determine quién gobierna en nuestra entidad

La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó ayer, mediante un comunicado, que uno de los seis cuerpos localizados en el ejido Guadalupe Victoria la tarde del lunes anterior era el de Natanael Rivera Gutiérrez, secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

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El funcionario, cabeza de la estructura ejecutiva encargada de organizar las elecciones constitucionales en la Entidad, había sido secuestrado casi dos semanas antes, por un comando armado que se introdujo a su domicilio particular por la madrugada.

Al cierre de esta edición, ninguna autoridad —ni la encargada de procurar justicia, ni la institución para la cual laboraba el funcionario— había planteado una hipótesis que explicara la razón del secuestro y posterior asesinato de Rivera Gutiérrez, ni las implicaciones de tal hecho.

Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones —con las excepciones de todos conocidas— pareciera que se busca hacer pasar a ésta como una más de las muertes lamentables que nos ha dejado la guerra contra la criminalidad.

Resulta imposible, sin embargo, ignorar el hecho de que Natanael Rivera era el más importante funcionario del órgano encargado de garantizar que sea la voluntad popular la que determine quién gobierna y quién legisla en nuestra entidad. Resulta imposible ignorar que el IEPC es un órgano público responsable de una función de Estado de la mayor gravedad.

Por eso mismo, resulta imposible no preguntarse —y exigir respuesta en consecuencia— si su secuestro y asesinato no se encuentran vinculados a las tareas que como funcionario electoral realizaba.

Resulta obligado preguntarse, habida cuenta que es presumible el hecho de que fue asesinado por un grupo de la delincuencia organizada, si el hecho no constituye un intento de injerencia del crimen en los procesos electorales de Coahuila.

Y para aclarar eso no basta que las autoridades —la PGJE, el IEPCC o quien sea— salgan a declarar que no existe ninguna relación entre el lamentable hecho y el proceso electoral en marcha.

Para dejar el asunto claro lo que hace falta es que se den a conocer los detalles de una investigación realizada con pulcritud y que se puntualice, para tranquilidad de la sociedad coahuilense, por qué un grupo de delincuentes habrían de secuestrar a un alto funcionario electoral, lo habrían de mantener cautivo durante casi dos semanas, pedirían un rescate a su familias a cambio de regresarlo con vida, pero luego decidirían asesinarlo sin cobrar el dinero.

El homicidio de Natanael Rivera no es un asunto trivial. Por eso mismo, resultará inadmisible una respuesta trivial por parte de las autoridades o el intento de hacer pasar el hecho por un asunto menor o un hecho aislado.

La cabeza ejecutiva del órgano electoral ha sido víctima de la delincuencia. Se trata del más ominoso de los signos que se hayan abatido sobre la democracia coahuilense en los últimos años.

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