Señalan falla en candidaturas ciudadanas

El artículo 35 constitucional ya prevé el registro de candidaturas ciudadanas, pero el Congreso omitió reformar el 116, también referente al tema

Víctor Fuentes

Ciudad de México  (26 noviembre 2012).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en evidencia descuidos del Congreso al aprobar la reforma Constitucional que permite candidaturas independientes a puestos de elección popular, vigente desde agosto pasado.

El Pleno de la Corte destacó en su sesión de este lunes que mientras el artículo 35 de la Carta Magna ya contempla el derecho a registrar candidaturas ciudadanas, en el 116 se sigue aclarando que los partidos políticos tienen el derecho exclusivo de registrar candidatos en los Estados.
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“El hecho es que falta reglamentación en la Constitución”, afirmó el Ministro Salvador Aguirre. 

“Se metió a cincho esta reforma sin modificar todo el esquema electoral que estaba diseñado exclusivamente para partidos políticos”.

Fernando Franco destacó que el Congreso omitió reformar el artículo 116, por lo que ahora éste se debe interpretar en el sentido de que sí son válidas las candidaturas ciudadanas, mientras que el Presidente Juan Silva Meza remarcó “la situación de conflicto” entre el 116 y el 35.

“Es la primera vez que nos estamos pronunciando sobre el tema, y sería orientador para el sistema jurídico nacional aclararlo porque muchos estados no han legislado”, dijo Franco.

“Este Pleno reconoce que hay el derecho a la candidatura independiente, igualmente la obligación del legislador ordinario para establecer el marco jurídico por el que ciudadanos pueden tener acceso a los puestos de elección popular a través del registro de su candidatura”.

La Corte avaló por nueve votos contra uno la reforma al artículo 25 de la Constitución de Durango, impugnada por el PRD, que señala que el tope de aportaciones de simpatizantes, tanto para un partido como para un candidato ciudadano, será el equivalente a 10 por ciento del tope de gastos de la última campaña para Gobernador.

La mayoría consideró que las Legislaturas locales tienen amplia libertad de configuración para el tema de las candidaturas independientes, y varios Ministros destacaron que los partidos políticos como entidades de interés público tienen muchas más obligaciones, atribuciones y gastos, que una persona que contiende por un puesto específico.

“Los partidos políticos suelen competir por una pluralidad de escaños, y una pluralidad de cargos públicos, mientras que el candidato ciudadano sólo compite por uno”, dijo José Ramón Cossío. 

“Me parece que es muy generoso el financiamiento de un 10 por ciento para estas personas”.

El único disidente fue Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien insistió en que Durango no contempla financiamiento público para los candidatos ciudadanos, lo que los pondría en desventaja ante los partidos, pues solo accederían al financiamiento privado con el tope de 10 por ciento.

“Es una condición de marcada desigualdad que hará que las campañas ciudadanas no puedan tener éxito”, afirmó Ortiz, quien calculó que los partidos podrían tener 10 veces más recursos que el independiente.

Pero la mayoría rechazó que Durango hubiera prohibido el financiamiento público a los candidatos no partidistas, por lo que al estar pendiente la regulación adicional sobre el tema, sería prematuro que la Corte declare inconstitucional el artículo 25.

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