Medidas desesperadas
Las
acciones tomadas por Calderón en sus primeros días de gobierno parecen
diseñadas para provocar un impacto mediático, no para resolver
problemas de fondo de la nación. Los operativos contra la delincuencia
organizada han sido una reedición del México Seguro del foxismo, que
como sabemos fue un rotundo fiasco o -peor aún- un fiasco sangriento ya
que en el sexenio pasado más de 9 mil personas fueron asesinadas en
ajustes de cuentas entre narcotraficantes, de acuerdo a datos de la
Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, no han sido
afectadas las bases de sustentación financiera de los cárteles ni
tampoco han sido desarticuladas las principales mafias, ni ese es el
propósito de los operativos, de acuerdo a lo dicho por el Procurador
Medina Mora.
Por
lo demás, la entrega -que no extradición- de grandes capos al gobierno
norteamericano no sólo carece de bases legales, sino que deja a la
justicia mexicana sometida a los dictados de Washington. Y peor aún,
algunos de esos mafiosos podrían hasta recuperar su libertad en EU con
el pago de una simple fianza, por lo que el gobierno norteamericano ha
solicitado a los jueces que no otorguen tal beneficio a los narcos
mexicanos.
No
obstante, en México la PGR no ha logrado justificar legalmente la
intempestiva entrega de capos al extranjero, violando flagrantemente
las disposiciones que al respecto se contemplan en el texto
constitucional.
En opinión del reconocido constitucionalista Juventino Castro y Castro
La entrega, que no extradición, de diez capos del narcotráfico a
Estados Unidos no ha sido suficientemente explicada por la PGR y deja serias dudas sobre la
constitucionalidad de la acción, ya que ningún tratado internacional
puede estar por encima de lo que dispone la Carta Magna, en la cual no
se indica que una persona acusada penalmente en México, o que purga una
condena, puede ser puesta en manos, de manera definitiva, de un
gobierno extranjero hasta que salde sus deudas con la justicia mexicana.
Castro y
Castro, ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
censuró que el procurador Medina Mora haya declarado que
la entrega de los capos es definitiva y que "no regresarán" al país.
Subrayó
que los tratados de extradición México-Estados Unidos y de asistencia
recíproca prevén la entrega temporal de reos para que rindan sus
declaraciones en el país que los requiere, pero que al terminar las
diligencias regresan a la nación que los cedió para que continúen sus
procesos judiciales.
Todo
ello contrasta radicalmente con los dichos reiterados de todo el
aparato calderonista de que la ley es primero y de que nada ni nadie
podrá estar por encima de ella. Si así fuera las alzas a las tortillas
y la especulación con el maíz se hubieran castigado con cárcel, pero en
vez de ello el gobierno autorizó un alza !del 40 por ciento!, alza que
incluso pocos o nadie ha respetado pues la voracidad de los grandes
distribuidores no tiene límites y fueron, como el caso del Grupo
Maseca, de los principales apoyadores de la candidatura presidencial de
panista.
La ilegal entrega de capos
mexicanos a EU dejó en claro que el gobierno se declara incapaz hasta
de mantenerlos en prisión, y si no puede meter al orden ni a los
tortilleros ¿podrá con los grandes cárteles de la droga? Y más aún,
¿dónde están las acciones en favor de la seguridad pública de los
mexicanos? Estas brillan por su novatez y craso desconocimiento de la
realidad delincuencial en el país. Los capos entregados a EU no estaban
en activo, sino en prisión, de modo que Calderón no ha logrado mérito
alguno en la lucha contra las mafias ya que éstas siguen actuando y en
pleno ejercicio de sus ilimitados recursos financieros, por lo que esa
supuesta lucha contra ellas no es más que otra tomadura de pelo para la
opinión pública nacional y extranjera.
Incluso,
el anuncio de reducción de los salarios a los altos mandos de la
burocracia de los tres niveles de gobierno soslayó que desde al año
pasado el PRD propuso lo mismo en el Senado.
Todas
estas acciones, a las que habría que añadir su última propuesta de
apoyar con 50 pesos a las familias más pobres del país en el pago de la
energía eléctrica, lo que dejan en claro es la desesperación de
Calderón por ganar consenso y legitimidad política. Pero con Espino en
el PAN y Fox de regreso a la escena política el margen de maniobra del
presidente es cada vez más reducido.
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